Perfil de Paraguay
Crédito Fuente: https://insightcrime.org/
Paraguay ha gozado de relativa estabilidad luego de su transición a la democracia a comienzos de la década de 1990. Sin embargo, el país es el mayor productor de marihuana de la región y trafica más cigarrillos de contrabando que cualquier otra nación del hemisferio occidental. El crimen organizado en Paraguay se beneficia de la corrupción desbordada en todos los estamentos del poder, y las oportunidades para el crimen provienen de su posición entre los dos países de Suramérica con mayor consumo de drogas, Brasil y Argentina, y de su vecindad con uno de los centros de producción de narcóticos de mayor crecimiento en la región, Bolivia.
Aunque Paraguay no adolece de altas tasas de homicidios, sí es una ruta importante para el tráfico de narcóticos y de armas de fuego. Además de las organizaciones criminales locales, redes criminales extranjeras —de Brasil especialmente— también operan en Paraguay, y un pequeño pero persistente grupo guerrillero se ha sumado a los problemas de seguridad del país.
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Geografía
Paraguay es uno de los dos países sin acceso al mar en Suramérica. Mide 406.752 km2, un poco menos que estado de California, en Estados Unidos.
Los traficantes aéreos han usado a Paraguay como destino y punto de despegue de cargamentos de drogas, en parte por su ubicación estratégica en el corazón de Suramérica y en parte por la corrupción crónica en el sistema de seguridad aeronáutica.
Paraguay es plano casi en su totalidad y rural en su mayoría, lo que bastante espacio para el cultivo de cannabis. Las porosas fronteras terrestres con Bolivia hacia el noroeste, con Argentina al suroeste y con Brasil hacia el este albergan rutas de contrabando terrestres. El extenso sistema fluvial del país, incluido el río Paraguay, que pasa por la mitad del país, de norte a sur, sirve como método importante para el trasiego de estupefacientes.
Historia
Paraguay estuvo poblado por los indígenas guaraníes antes de la conquista de los españoles en el siglo XVI. Luego de lograr su independencia de España, en 1811, el país fue gobernado por una serie de dictadores por la mayor parte del siglo que siguió.
El último autócrata de Paraguay, Alfredo Stroessner, fundó en 1954 el que se convertiría en el régimen autoritario más prolongado de Suramérica, cuando el general del ejército subió al poder con el apoyo de las fuerzas armadas. La corrupción floreció durante el mandato de Stroessner, y Paraguay se convirtió en refugio para criminales de guerra, como el médico nazi Josef Mengele, y contrabandistas de narcóticos, como Auguste Ricord, otro colaborador de los nazis, que también fue el cofundador de la red de heroína la Conexión Francesa. El mismo hijo de Stroessner, Gustavo, también general del ejército, fue acusado en 1987 de participar en un entramado internacional de tráfico de cocaína.
Un golpe militar interno derrocó a Stroessner en 1989. El líder golpista, el general Andrés Rodríguez Pedotti, fue elegido presidente y comenzó a introducir algunas reformas democráticas. Con apoyo de algunos poderosos elementos en el ejército, el primer presidente civil que el país había tenido en décadas, Juan Carlos Wasmosy, asumió el cargo en 1993.
En medio de la parcial apertura política, comenzaron a formarse varios movimientos izquierdistas antes proscritos, entre ellos el Partido Patria Libre (PPL). En la década de 2000, algunos elementos del partido recurrieron a actividades criminales, en especial el secuestro, para apoyar sus ambiciones políticas. Esto culminó cuatro años después con el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas.
Las autoridades capturaron a líderes importantes del PPL en 2005 y los miembros que quedaron refundaron el grupo como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Operando principalmente en los departamentos centrales de Concepción y San Pedro, la guerrilla del EPP siguió secuestrando, pero también comenzó a extorsionar a agricultores y ganaderos.
Pese a la caída de Stroessner, el partido Colorado de derecha al que pertenecía siguió gobernando en Paraguay, en parte con ayuda de redes de corrupción bien arraigadas. En 2008, sin embargo, el exobispo católico Fernando Lugo fue elegido con respaldo de una coalición opositora. Pese a no haber tenido ningún cargo político anterior, Lugo ganó con una campaña en la que prometía enfrentar los problemas económicos y la corrupción.
Lugo hizo de la lucha contra el EPP parte importante de su estrategia de seguridad, pese a la amenaza relativamente pequeña de esa guerrilla en comparación con otras organizaciones criminales, en parte por su asociación no precisada con algunos miembros de ese grupo guerrillero. Entre tanto, la corrupción y la violencia criminal seguían asolando el país, y el EPP solo parecía hacerse más fuerte.
Lugo fue sometido a un juicio político en 2012 luego de un enfrentamiento entre la policía y campesinos sin tierra en el que resultaron 17 personas muertas. Algunos líderes regionales de izquierda, simpatizantes de Lugo alegaron que su destitución fue una especie de golpe orquestado para beneficiar a narcotraficantes y otros intereses criminales vinculados al hegemónico Partido Colorado.
Tras la destitución de Lugo, en medio de denuncias de fraude electoral, el candidato y empresario del partido Colorado Horacio Cartes ganó la presidencia en 2013 pese a un largo historial de asociación con actividades ilícitas desde lavado de dinero hasta contrabando de estupefacientes y de cigarrillos. Algunos familiares de Cartes también han sido acusados de participar en crimen organizado.
Al igual que su predecesor, Cartes concentró parte importante de su retórica y recursos en seguridad a perseguir al EPP, con pocos resultados. Al mismo tiempo, funcionarios de gobierno durante la administración de Cartes comenzaron a admitir otros acuciantes problemas e seguridad, como el ascenso de capos criminales paraguayos y la producción interna de cocaína, la mayor presencia de pandillas brasileñas y la corrupción generalizada en las fuerzas de seguridad.
En medio de temores por la oleada criminal, los legisladores otorgaron a Cartes amplios poderes en temas de seguridad poco después de su posesión. Y en 2014, el Congreso aprobó una ley que facultaba a las autoridades a abatir aviones sospechosos de llevar drogas y una ley más que autorizaba la creación de un sistema nacional de inteligencia.
El EPP sufrió una división interna de corta duración en 2014, pero pareció aumentar su audacia, con una serie de ataques de alto perfil en 2015 que sembraron confusión en las fuerzas de seguridad. Además de Además de algunos intentos exploratorios de grupos criminales mexicanos de establecer presencia en Paraguay, otros grupos armados pequeños también surgieron por ese tiempo, lo que complicó la situación de seguridad.
Mientras tanto, Paraguay seguía padeciendo la corrupción desbordada —y en ocasiones violenta— que iba desde las municipalidades hasta el Congreso nacional, y toca oficiales de alto rango en la policía y el ejército. Un estudio de 2016 halló que la economía ilegal de Paraguay representaba el 40 por ciento del PIB nacional, lo que pone de relieve la penetración alcanzada por una amplia variedad de actividades criminales en el país.
La intersección del crimen y la política en Paraguay acaparó la atención pública en 2016, cuando algunos funcionarios afirmaron que Jarvis Chimenes Pavão, capo brasileño preso en Paraguay, había orquestado un complot para asesinar a Cartes. Casi al mismo tiempo, otros políticos denunciaron amenazas de actores criminales.
Sin embargo, la relación entre el crimen y la política en Paraguay implicaba no solo coerción, sino también cooperación. Mientras seguían dándose a conocer los tratos de políticos con criminales, en 2017 los parlamentarios intentaron (y no lograron) hacer aprobar una reforma que buscaba un autoblindaje de investigaciones por malos manejos.
También en 2017, el poder y la sofisticación de los grupos criminales brasileños en Paraguay tuvo un despliegue espectacular cuando el grupo criminal más poderoso del vecino, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital –PCC), perpetró el mayor robo a mano armada de la historia de Paraguay.
Cuando el quinquenio de Cartes en la presidencia llegaba a su fin, en abril de 2018, el candidato del partido Colorado Mario Abdo Benítez fue elegido como nuevo presidente del país. Abdo Benítez es hijo del exsecretario privado del exdictador Stroessner. Las políticas de seguridad de Abdo Benítez no fueron divulgadas con claridad durante su campaña.
A tres años de la elección de Abdo, las principales amenazas criminales de Paraguay continúan intactas, pues la corrupción oficial y la impunidad siguen siendo endémicas, la violencia dentro de las cárceles es peor que nunca y la producción ilegal de cigarrillos se está disparando.
Grupos Criminales
Además del grupo guerrillero local EPP, otras organizaciones criminales más operan en Paraguay, de los cuales algunos de los más poderosos están asentados en el vecino Brasil.
Pese al tamaño relativamente pequeño del EPP —que se calculo desde unas cuantas docenas hasta 150 combatientes como máximo— el grupo ha sido una preocupación importante para los gobiernos de turno. Su principal fuente de ingresos es la extorsión a dueños de terrenos rurales, muchas veces mediante el secuestro. El EPP usa las ganancias para financiar sus actividades y granjearse el apoyo de las comunidades en las que opera. Evidencia reciente indica que el EPP puede estar intentando también ampliar su participación en la industria de la marihuana, específicamente cerca de la ciudad de Pedro Juan Caballero, punto de cruce estratégico para el narcotráfico en la frontera Brasil-Paraguay.
En septiembre de 2020, el grupo secuestró al ex vicepresidente de Paraguay, Óscar Denis, y hasta la fecha no se tiene noticias del destino del político. El grupo exigía suministros de alimentos para 40 comunidades del departamento de Concepción, así como la liberación de dos cabecillas del EPP encarcelados. Al parecer, el grupo está actualmente bajo el control de una facción conocida como Brigada Indígena.
Se sabe que las dos organizaciones criminales más importantes de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital–PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho), trabajan con los grupos narcotraficantes paraguayos. Desde 2010, el PCC al parecer está adelantando un «Proyecto Paraguay», enviando numerosos miembros al país para establecerse allí. El PCC fue además culpado en 2017 por el atraco más jugoso en la historia de Paraguay. Aunque la pandilla no ha establecido un control territorial absoluto a lo largo de la frontera entre Paraguay y Brasil, actualmente tiene cientos de miembros dentro de las cárceles paraguayas, está reclutando habitantes de la zona, está tratando de obtener el control del tráfico de cocaína y cannabis y ha estado involucrado en masacres carcelarias contra sus rivales, el Clan Rotela.
El Clan Rotela es una de las principales organizaciones criminales de Paraguay; comenzó como un grupo de microtráfico en los barrios más pobres de Asunción y Concepción, pero ha crecido hasta convertirse en una estructura de alcance nacional, controlando gran parte del narcotráfico dentro y fuera de las cárceles. Actualmente está involucrado en una violenta disputa con el PCC, que lo ha dejado muy debilitado.
Aunque Paraguay no tiene organizaciones criminales nativas, hegemónicas, por el país pasan volúmenes importantes de drogas, lo que indica que hay redes importantes —posiblemente facilitadas por la corrupción extendida— que ayudan a otros grupos criminales a transportar narcóticos por toda Suramérica e incluso hasta Europa. Un ejemplo es el de Jarvis Chimenes Pavão, narcotraficante brasileño que dirigía una sofisticada operación de tráfico pese a estar recluido en una prisión de Paraguay. Se dice que tenía nexos con el PCC.
La corrupción también ha favorecido las redes de contrabando con el ingreso de productos ilícitos a Paraguay.
Fuerzas de Seguridad
La Policía Nacional de Paraguay actúa bajo la dirección del Ministerio del Interior y tiene alrededor de 26.000 agentes, lo que representa un índice de cerca de 370 policías por 100.000 habitantes. Al igual que gran parte del resto del gobierno paraguayo, la corrupción es un problema permanente para la policía. Ha habido agentes acusados de participación en delitos tan variados como el narcotráfico y la tala ilegal.
El ejército paraguayo consiste de un ejército, fuerza aérea y naval, con un pie de fuerza combinado de unos 16.000 efectivos, concentrados en su mayoría en el ejército. El gasto militar rondaba el 1,5 por ciento del PIB desde finales de la década de 2000. Al igual que la policía, las fuerzas armadas de Paraguay también tienen problemas con la corrupción, con denuncias de participación en narcotráfico que se remontan a la dictadura de Stroessner.
Durante varios años, una unidad de la policía militar conocida como Centro de Operaciones Tácticas, mejor conocida como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha liderado la lucha contra la guerrilla del EPP. Pero, la falta de liderazgo consistente ha dificultado la labor de la FTC, llevándola a registrar pocos logros concretos.
Sistema Judicial
La rama judicial en Paraguay es un poder independiente según la constitución. La Corte Suprema es la máxima autoridad. Por debajo de ella están los juzgados de primera instancia y los tribunales de apelación, algunos de los cuales se ocupan específicamente de casos criminales.
Un sistema de tribunales militares separado maneja los asuntos relacionados con las fuerzas armadas.
El sistema de juzgados civiles en Paraguay también adolece de corrupción e ineficiencia. En general, el sistema judicial se mantiene corto de personal, lo que genera dificultades para llevar a buen término las causas abiertas. Se ha acusado a los jueces de mostrar indulgencia o no procesar a narcotraficantes, lo que indica que la corrupción puede tener algo que ver con esto.
Prisiones
Paraguay tiene el mayor porcentaje de personas recluidas en detención preventiva, lo que significa que no se les ha condenado por algún crimen. Las personas en detención preventiva representan casi el 80 por ciento de los 13.000 reclusos del país, según datos de 2015. Para 2017, la tasa de sobrepoblación carcelaria era de 143 por ciento.
Varias bochornosas fugas han puesto en evidencia la corrupción y las anomalías en el sistema penitenciario. Más aún, se ha descubierto que poderosos narcotraficantes ocupan celdas “VIP”, mientras continúan sus actividades criminales, una ilustración de la falta de control que tienen las autoridades sobre la vida tras las rejas.
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