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Por Sergio Alvez
Desde Bogotá
Bertha Isabel, “Bertita”, Zúñiga Cáceres tenía 25 años cuando el 3 de marzo de 2016 dos hombres armados irrumpieron en la vivienda de su madre, la lideresa indígena del Pueblo Lenca y activista Berta Cáceres, en el departamento de Intibucá (Honduras), y la asesinaron de seis disparos. Berta fue una de las fundadoras, en 1993, del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh) y también era una reconocida opositora al golpe de Estado que derrocó, en 2009, al presidente Manuel Zelaya. Hoy, “Bertita” tiene 33 años y es coordinadora general del Copinh. Su militancia trasciende la lucha de los pueblos indígenas y el ambientalismo, y se extiende, con gran claridad política, hacia el feminismo popular.
La trama detrás del asesinato de su madre se circunscribe en gran medida al protagonismo en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, que se pretendía construir en la comunidad de Río Blanco sobre el río Hualcarque (sagrado para el Pueblo Lenca). Por ello, la resistencia al modelo energético —que en todo el continente proyecta este tipo de mega emprendimientos— ocupa un lugar primordial en la agenda de “Bertita”.
Tierra Viva mantuvo una charla con la joven activista hondureña durante su participación en el primer Encuentro Internacional de Energías Comunitarias y del Encuentro Continental del Movimiento de Afectados por Represas (MAR) y en la previa de su viaje a la Argentina para participar del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias (realizado del 14 al 16 de octubre en Bariloche).
—¿Qué representa para usted ser dirigente de un espacio como el Copinh, fundado hace 30 años por su madre?
—Nací dentro del proceso organizativo del Copinh, mis hermanas y hermanos también. Es un espacio con historia en la lucha en defensa del bosque. Y claro, yo era pequeña y andaba por ahí, más que nada porque mi mamá no tenía quién me cuidara. Me tocó andar en las reuniones, en las comunidades y, bueno, en esos años observé, escuché y aprendí de las cosas que pasaban. Luego fui parte de los equipos de trabajo voluntario y de trabajo técnico. Ahora soy la coordinadora general y mi trabajo consiste en coordinar equipos de nuestra organización, acompañar a las comunidades que son parte de la causa y la lucha del Copinh. También me ha tocado hacer mucho el trabajo de articulación con otras organizaciones e instituciones a nivel internacional.
—¿En qué situación está la causa judicial por el asesinato de su madre?
—Durante estos siete años, el Copinh y nosotras como hijas e hijos, además de ser militantes de la organización, hemos estado luchando junto a todo el movimiento nacional e internacional que aboga por la justicia para mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres. Hemos denominado este proceso de lucha por justicia ‘la causa Berta Cáceres’. Son varios procesos judiciales que se han abierto y otros aún no han llegado al Poder Judicial. Hasta ahora, hemos logrado realizar dos juicios, en los que han condenado a ocho personas. Tres de ellas estaban vinculadas con la empresa constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, mientras que otros cuatro eran militares activos o ex militares, incluyendo al presidente de la empresa, el señor Roberto David Castillo, que fue un señor que estudió en una escuela de inteligencia militar en Estados Unidos y fue funcionario de la Empresa Nacional de Energía en Honduras. Estas dos sentencias no están firmes todavía, a la espera de que se resuelva un recurso de casación, que entendemos será a finales de este año, posiblemente en noviembre. Estamos muy alertas en ese sentido.
—¿Qué deudas mantiene el Poder Judicial sobre el crimen de Berta?
—Hemos estado durante estos siete años demandando la captura de los autores intelectuales del crimen, los accionistas mayoritarios de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que tenía a cargo el proyecto de la hidroeléctrica. Son miembros de la familia Átala Sabla, una familia oligárquica en Honduras. Sobre ellos no hay acciones de investigación y menos, obviamente, de sanción, por lo que representan dentro del poder económico y político en nuestro país. Berta Cáceres merece justicia. Ella era una mujer con un liderazgo muy importante dentro de las comunidades indígenas lencas, que tenía el cariño de muchas personas y que representaba la encarnación de las luchas antipatriarcales, anticapitalistas y antirracistas. Ese poder patriarcal, racista y capitalista es el que se expresa en los intereses de las empresas hidroeléctricas, que quieren ganar a costa del saqueo de los bienes comunes e, incluso, a costa del Estado de Honduras.
—¿Qué legado dejó su madre en esa lucha?
—Era una mujer con una voz muy potente, que no tenía miedo de nombrar a los criminales que atentan contra los pueblos. Durante ese año en el que la mataron ella también era la coordinadora de la Plataforma Social y Popular de Honduras, el espacio de articulación más importante que tenía nuestro país en ese momento y que fue resultado de la lucha en contra del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, en 2009. Un proceso que se llamó la lucha por la refundación de Honduras.
—Además del reclamo incesante de justicia por Berta, ¿cuál es la agenda de lucha que hoy tiene la Copinh?
—El sistema de impunidad que existe en Honduras es un gravísimo problema, que requiere de un camino de justicia integral, profundo, verdadero. Los pueblos creemos que lo más importante de nuestro trabajo es mantener vivo el legado político de Berta Cáceres, que es la lucha del Pueblo Lenca en defensa de sus territorios. Entonces, nuestros puntos más importantes, ahora que tenemos un nuevo escenario político, con un gobierno que rompe la continuidad del golpe de Estado, con todos los desafíos que pueda tener, con las cosas positivas, que se puedan rescatar; es el reconocimiento de la posesión ancestral de las tierras del Pueblo Lenca. Queremos desde esa plataforma contribuir al resto de luchas de otros pueblos indígenas en Honduras, porque sabemos que esa situación se repite en otras organizaciones y escenarios de todas las comunidades indígenas que tenemos en nuestro país.
—¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el reconocimiento de los derechos indígenas en Honduras?
—Es muy importante que puedan encontrar mecanismos para reconocer la posesión y la pertenencia de las tierras para los pueblos indígenas. Por supuesto, revertir, por lo menos, el modelo extractivo que fue dado en el marco del golpe de Estado y en violación a los derechos de consulta de las comunidades. También pues avanzar en el tema de la garantía de derechos, como la salud y educación, que son cosas bien básicas: los pueblos indígenas de nuestro país están muy olvidados. También estamos en construcción de nuestras alternativas, trabajando el tema de la agroecología con muchas comunidades, porque ahí, con todas las crisis económicas, sociales que se han vivido, pues, debemos generar mejores condiciones de vida en nuestras comunidades, y creemos que la agroecología es muy importante. Profundizar la organización territorial, profundizar la organización indígena y autónoma, y acompañar también otros procesos de resistencia que hay en nuestro país, tan importantes como las que tenemos nosotras. Trabajar por seguir democratizando Honduras.
—¿Qué espacio tienen las cuestiones ambientales dentro de los feminismos latinoamericanos?
—Creo que algo que hemos venido hablando bastante es la defensa de los territorios. Y sabemos que, desde las miradas feministas, nuestros cuerpos son el primer territorio de defensa. Seguimos siendo víctimas de ataques. El femicidio político de mi mamá no ha sido el único, sino que es un patrón de hostigamiento que se repite en todo el continente, y que nos genera muchas preocupaciones. La lucha en contra de la impunidad, la lucha por justicia para visibilizar quiénes y qué estructuras están atacando a los pueblos y a los cuerpos de las mujeres, es lo que nos logra articular. Pero también estamos viendo el crecimiento de los fundamentalismos y, en ese sentido, la amenaza a los derechos que las mujeres han logrado conquistar. En el caso de nuestro país, se trata de cosas muy prematuras, por ejemplo, una ley integral contra la violencia de género o una ley para la prevención del embarazo adolescente, no se quieren aprobar por la presión de los grupos fundamentalistas. Entonces, creo que se trata de reanimar y rearticular las luchas de las mujeres y de las identidades diversas, que se suman a las luchas feministas, para hacer una apuesta por la vida digna; que es, siempre, la consigna que une a los pueblos.
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